Como preludio del próximo debate ¿Tenemos Plan? sobre la Revisión del Plan General de Madrid, publicamos este texto de Eduardo Mangada
El Ayuntamiento de Madrid revisa el Plan General de 1997. Hasta hoy conocemos dos documentos, un Preavance y un Avance, sometidos a información pública. Sobre estas bases, y más en concreto con la lectura de las Memorias correspondientes, me atrevo a un primer análisis y una valoración cultural y política del alcance y objetivos que se pretende con esta revisión, que constituye de hecho la redacción de un nuevo Plan General, tanto por la incidencia de las nuevas leyes que lo condicionan como por las nuevas circunstancias territoriales y económicas en que se formula, junto con la evolución de la cultura urbanística acelerada en estos últimos años. Una valoración que puede juzgarse precipitada e incompleta, pero que entiendo oportuna ya que es en estos documentos iniciáticos, despejados de toda la parafernalia técnico-administrativa que conllevará el documento finalmente aprobado por la administración competente, donde con más claridad puede percibirse el sustento teórico, el basamento cultural que orienta la interpretación de la ciudad existente y su posible proyecto hacia el futuro. Todo ello contrastado con la ideología política dominante en los poderes políticos que rigen nuestras administraciones territoriales.
Sin traicionar mi cultura profesional y política me atrevo a defender que el análisis de la realidad física y normativa presentes en el Madrid de hoy, los criterios y objetivos, así como las propuestas estratégicas y procedimientos que los apoyan contenidos en estos documentos iniciales, redactados por la Oficina de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, dirigida por J.L. Infanzón, merecen un alto reconocimiento disciplinar, resaltando el acierto al detectar y denunciar cuáles son los graves problemas que el Plan de 1997 ha propiciado y amparado y cuáles las necesarias medidas para paliar los efectos más negativos y ofrecer un nuevo modelo de desarrollo urbano. Problemas, malformaciones físicas y sociales, que encuentran apoyo jurídico, cuando no impulso, en las propias leyes del suelo de ámbito nacional y autonómico. Un marco legal que ofrecía un fecundo territorio para una política desarrollista del gobierno municipal, que puso su poder al servicio del nuevo desarrollo (no de la nueva ciudad) como base del negocio inmobiliario, olvidando, abandonando la ciudad existente, con sus problemas y oportunidades (salvemos Madrid Río, una intervención ajena al Plan General del 97). Como acertadamente denuncia David Harvey, imperó la primacía de la “urbanización capitalista” frente a la construcción de la “ciudad socialista”, la ciudad solidaria, civilizada, culta y cultivada.
Esta oferta desmesurada de suelo clasificado como urbanizable, visible de forma espectacular en los llamados PAUs, supone, en los momentos actuales, una de las grandes hipotecas que condicionan jurídica y económicamente cualquier propuesta e implantación de un nuevo modelo de ciudad. Estos disparatados desarrollos que, como excrecencias, rodean Madrid, especialmente el arco sur-este, suponen una oferta de suelo capaz de albergar 200.000 nuevas viviendas. Viviendas que ni son necesarias ni viables desde el punto de vista inmobiliario, en los momentos actuales de crisis financiera y ausencia de demanda solvente, que amenaza (casi con certeza) con prolongarse más allá de la década de los veinte. Pero ya hoy han adquirido una importante “solidez” jurídica y económica, en gran parte de ellos, que representa un obstáculo difícil de derribar y, más aún, si permanece hegemónica la cultura neoliberal que hoy impera en Madrid, en España y media Europa. Para borrar este estigma territorial, para reconvertir estos pasajes desolados en espacios civilizados, no bastan los criterios acertados y la buena voluntad que se refleja en el Avance ya publicado, sino una alternancia política capaz de modificar radicalmente las reglas del juego que rigen el desarrollo de esta ciudad. (Nota. No demos a estas incultas propuestas el nombre de “ensanches”. Respetemos a Cerdá y a una figura de planeamiento que ha enriquecido muchas de nuestras ciudades.)
Hay que saludar el Preavance que, con dureza y acierto, plantea frente a “un urbanismo en expansión” una apuesta clara por “un urbanismo de recualificación” centrado en la mejora y compleción de la ciudad existente.
En coherencia con esta apuesta político-disciplinar, propone con claridad la necesidad de desclasificar la mayoría de estos extensos PAUs (en todo o en parte) o, al menos, reducir su tamaño y su edificabilidad, civilizarlos, oponiendo a su desarrollo extensivo una concentración en desarrollos compactos y mixtos aprovechando lo que de útil y compatible con la ciudad actual puedan ofrecer las infraestructuras ya ejecutadas. Reorientación indispensable si queremos introducir racionalidad, cohesión territorial y social y queremos hacer creíble un cambio radical en la concepción de la ciudad y su futuro desarrollo. Y aquí surge una primera alarma. Desgraciadamente, frente a la propuesta valiente e inteligente del Preavance, en el Avance se relaja la pulsión político-cultural para mantener estos PAUs con plena vigencia. Decisión impuesta por los poderes económicos y políticos que gobiernan este territorio, por encima de los criterios culturales que están inspirando la revisión del Plan de 1997. Comprometido con una política de recualificación y compleción de la ciudad existente, “hacer ciudad en la ciudad”, el Avance propone tres líneas de intervención básicas. Por un lado, detectar y delimitar aquellas áreas de la ciudad que no solo están ya degradadas (tanto en la trama de espacios públicos, calles y plazas, que las estructuran, como en la baja calidad de los edificios, la insuficiente dotación de equipamientos sociales, junto al decaimiento económico de sus habitantes y el tejido comercial y artesanal), delimitando lo que define como “áreas de vulnerabilidad” en las que la degradación es previsible a corto plazo y exigen intervenciones preventivas con mayor contundencia de las que se habilitan en la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (LRRRU). En esta misma línea de intervenciones urbanas puede incluirse el llamado “programa de bulevarización” sobre un amplio conjunto de calles en las que se reduciría el asfalto, dominio del coche, para ampliar aceras o medianas como espacios y recorridos territoriales apoyados por un potente arbolado. Y como tercera vía de intervención puede destacarse la implantación de nuevos equipamientos de todo tipo que, más allá de su función, se consoliden como hitos arquitectónicos, focos visibles de atracción social capaces de recualificar físicamente la ciudad. “Nada hace tanta ciudad como un buen edificio”, afirmaba Manuel de Solà-Morales.
Únase a esas tres líneas de intervención física, la superación de la convencional y omnipresente zonificación, con una compartimentación de usos exclusivos, para apostar por una normativa que permita la mezcla de usos en las distintas “parcelas” o manzanas, con una prudente proporcionalidad y sujetas a un criterio variable de modulación en función de la evolución en entornos superiores a ellas, denominados en el Avance como “ámbitos de regulación de usos”. Apuesta disciplinar que merece ser destacada por su novedad y adecuación a la evolución de la ciudad en nuestros tiempos. La mixity más que la densityes la condición de la ciudad contemporánea, como afirma Manuel de Solà-Morales.
Seguramente hay más aspectos a destacar en esta pareja de Preavance-Avance, unos para apoyar y otros para oponerse o, al menos, someterlos a una reconsideración, pero el acotamiento de este artículo no me permite un análisis pormenorizado, debiendo resumir mi aportación con un enjuiciamiento más global. Sin duda, lo más destacable del proceso de revisión del Plan de 1997 es el cambio drástico de enfoque, contraponiendo claramente lo que se denomina por la Oficina de Planeamiento un “urbanismo de recualificación” frente al modelo de “urbanismo de expansión”. Es decir, una apuesta clara por lo que podríamos definir con “hacer ciudad en la ciudad”, “rehacer ciudad” o incluso la imprudente traslación del lenguaje socioeconómico de Schumpeter al lenguaje y la práctica urbanística, “la destrucción creativa”. Eslóganes, encabezamientos, todos ellos novedosos y valiosos si son sometidos a una estricta interpretación disciplinar y no se utilizan como simple cobertura a la moda para abrir un nuevo campo al negocio inmobiliario, agotada la rentabilidad de una expansión indiscriminada de la ciudad sobre terrenos vírgenes. Intervención sobre la ciudad que no puede quedar en simples buenas intenciones intelectuales y políticas, y exige el diseño de otros instrumentos de intervención no sólo físicos, sino jurídicos, administrativos y, sobre todo, económicos y gerenciales, para su transformación en formas eficaces de gobernar y construir un territorio. En todo caso, en un nuevo aire esperanzador el que aporta este Avance.
No puedo dejar escrita esta visión complaciente del Avance sin señalar algunas graves equivocaciones en sus “propuestas estratégicas”, que en gran medida contradicen la primacía de la ciudad existente como meollo del urbanismo y que sin duda vienen impuestas por las razones de los poderes económicos e ideológicos. Como señalé al hablar de los PAUs, la valiente, decidida y necesaria propuesta de su desaparición ha quedado desvirtuada, transformada en un flatus vocis por la presión de los podres fácticos. La llamada “nueva centralidad del Norte” resucita y mantiene como operación estratégica la Operación Chamartín, un auténtico disparate urbanístico, una anunciada ruina económica, semejante al soterramiento de la M-30, y un pretendido proyecto urbano con un diseño deplorable desde Bofill a Ezquiaga. Desaprovechar Campamento como una nueva área de centralidad y articulación del territorio metropolitano, convirtiéndolo en un innecesario solar para viviendas y más viviendas (¿20.000 viviendas?) me parece la pérdida de una oportunidad única para la consolidación de Madrid como ciudad metropolitana o ciudad región (aquí mi vinculación originaria con este tema puede devaluar mi juicio).
Quizás alguna equivocación más, pero el papel se agota y solo quiero apuntar telegráficamente el segundo apartado del encabezamiento de este artículo: el gobierno de la ciudad.
Un plan urbanístico debe cumplir al menos tres condiciones y albergar tres contenidos. Ser un proyecto cultural que, partiendo de una lectura y entendimiento profundo de la ciudad existente, proponga la ciudad del mañana: más bella y más justa. Una manifestación pública de las intenciones o los proyectos que los poderes públicos pretenden implantar en la ciudad para que los ciudadanos puedan conocerlos, participarlos y controlarlos, al mismo tiempo que unas normas que acoten las actuaciones públicas y privadas. Y, por último, con todo lo anterior, un instrumento para gobernar la ciudad, no solo para encasillarla en un instrumento normativo. Siendo así, es lógico pensar que los principios políticos que inspiran un plan deben ser acordes con la ideología de los gobiernos que tendrán que desarrollarlo. Y aquí está el gran fraude de esta revisión del Plan General de 1997.
En última instancia, un Plan General de Ordenación Urbana es un conjunto de documentos que “regula”, acota, prioriza y en el final otorga o no legalidad a las actuaciones de los agentes públicos y privados. Cuando nuestros gobiernos central, autonómico y municipal están comprometidos, imbuidos de una ideología neoliberal sin paliativos y se erigen, en consecuencia, como adalides en la defensa de la “desregulación” en aras de una libertad indiscriminada y prepotente del libre mercado, no puede ser creíble, es una contradicción sustantiva, que tales gobiernos puedan formular “un Plan” y sí lo hacen como una cobertura cultural o administrativa, es impensable que lo asuman como marco de la acción de gobierno respetuoso con unas normas que cínicamente ha aprobado. Siempre aparecerán un Martinsa, un Eurovegas, un Real Madrid o un Villar Mir que imponga sus intereses, doblegando el Plan a su más egoísta conveniencia, incluso un Ministerio que necesite sanear sus arcas forzando la recalificación de sus terrenos.
No creo que el “buen Plan” elaborado por la Oficina Municipal llegue a buen término ni sea aprobado, salvo que se anulen sus elementos más progresistas política y culturalmente o que se asuma con la clara voluntad de vulnerarlo cada vez que los mercados o los caprichos de nuestros gobernantes lo exijan.
Eduardo Mangada. 8 abril 2014