OPERACIÓN CHAMARTÍN. ¿PARA QUÉ?

Por Eduardo Mangada

Mucho se ha escrito y opinado, a favor y en contra, de este importante desarrollo urbano propuesto en el norte de Madrid. Importante por su localización, su tamaño, sus costosas infraestructuras y la desproporcionada edificabilidad que pretende asentarse en su ámbito. Una gran promoción inmobiliaria, más que una intervención urbanística, que se inició en 1993, denomina entonces Operación Chamartín, con el impulso y amparo de un gobierno del PSOE, para ser rebautizada ahora, en una estrategia de marketing, con el nombre de Distrito Norte Castellana, bajo el dominio del PP.

El 22 de enero de 2015 se formalizó un Convenio Urbanístico para la gestión y ejecución de esta operación, suscrito por Ana Botella, alcaldesa de Madrid; Ignacio González, presidente de la CAM; Gonzalo Ferre, presidente de ADIF; Pablo Vázquez, presidente de RENFE Operadora; Salvador Victoria, presidente del Canal de Isabel II Gestión; y Antonio Vejar, presidente y delegado de DUCH (Desarrollo Urbanístico Chamartín SA). Convenio en el que se establecían las obligaciones y los aprovechamientos tanto de las instituciones y organismos públicos como de los socios privados.

La firma de este convenio dio ocasión para la presentación en sociedad de esta gran operación inmobiliaria en una ceremonia orquestada con pompa y boato, rematada por el aria final cantada por Francisco González (presidente del BBVA), garante financiero, con frases tales como: “la mayor operación urbanística no solo en España sino en Europa” en los próximos veinte años; “una operación vanguardista sobre más de tres millones de metros cuadrados”. Y, subiendo el tono, declamaba, “no hay ningún proyecto de este nivel en el mundo”, para terminar con un pausado y piadoso “no sé si será rentable para el banco, pero sí para Madrid”. Un banco reconvertido en una ONG. A veces los milagros suceden.

Tranquilos. En el día de hoy nada está atado y bien atado. El Convenio que debería dar por finalizada y consolidada la alianza público-privada no ha cobrado eficacia jurídico-administrativa por dos razones básicas. Primera, porque la firma del convenio debía ser ratificada por el pleno municipal. Y, segundo, porque su eficacia estaba vinculada a la aprobación definitiva del Plan Parcial de Reforma Interior que le prestaba sostén urbanístico y abría la puerta para su posterior desarrollo. La no celebración de un Pleno Extraordinario, tras el intento fallido de su convocatoria para el día 21 de mayo, tres días antes de las elecciones municipales y en un descarado desprecio a las normas democráticas, impidió el cumplimiento de estas dos condiciones. Un punto cero de partida.

El nuevo ayuntamiento que nacerá el día 13 de junio puede revisar o, mejor, debe revisar desde sus raíces esta operación que supone un grave atentado sobre la estructura física y social de Madrid y que es una más de las perversas herencias que han dejado veinticinco años de dominio del PP en la comunidad y el ayuntamiento. 

Una revisión a fondo, valorando su localización en la ciudad y su incidencia en el proceso de desigualdad social y segmentación territorial entre el norte “rico” y el sur “pobre” (más exactamente, “empobrecido” por las políticas neoliberales). Una revisión que pondere las obligaciones y los beneficios para los agentes públicos y los privados. Una revisión que evalúe la necesidad y los costos de las grandes infraestructuras propuestas. Una revisión que ponga en crisis el paquete de diecisiete mil viviendas previstas. Una revisión que esclarezca la rentabilidad social para el conjunto de Madrid de los enormes recursos públicos y privados concentrados en esta promoción, frente a los beneficios posibles que tales recursos podrían producir en el conjunto urbano distribuidos de una forma más equilibrada entre los distintos distritos y barrios de Madrid. 

Una revisión, en definitiva, que inicie un proceso de debate y docencia ciudadana, que exige que cualquier decisión o negociación salga de los cerrados despachos para abrirse en un foro público, con la participación eficaz de los colectivos ciudadanos, entidades económicas y sindicales, culturales al fin. Sobre todo en asuntos tan importantes para la ciudad como este. 

Una revisión que debe acometerse en los primeros pasos de la nueva corporación, sin precipitación pero sin descanso. Hagamos caso a los principios que Domingo Ortega exigía a los buenos toreros: PARAR, TEMPLAR Y MANDAR.