PARTICIPACIÓN, CONFLICTO y POLÍTICA. ANTE LA TOMA DE DECISIONES PARA LA CIUDAD EN LOS NUEVOS TIEMPOS_Ramón López de Lucio

Estas líneas vienen a cuento del Debate sobre Participación que tuvo lugar el 19 de Enero en el Círculo de Bellas Artes organizado por el Club de Debates Urbanos.

Moderado por la socióloga Concha Denche, participaron los arquitectos-urbanistas Jon Aguirre e Isabela Velázquez, el sociólogo Victor Renes y el concejal de Coordinación Territorial del Ayuntamiento de Madrid Nacho Murgui.

En mi opinión el gran ausente del debate fue el conflicto. La asunción básica que planeó a lo largo de casi todo el tiempo que duró el acto fue que la participación ciudadana puede asegurar la satisfacción de las necesidades y los deseos de la mayor parte de los ciudadanos—que se suponen unívocos y fáciles de consensuar—frente a los intereses de una exigua minoría de agentes económicos poderosos (grandes inmobiliarias, inversores internacionales, propietarios de suelo importantes) que, hasta ahora, han sido los que han predominado en el día a día de las decisiones que se toman en la ciudad.

Lo anterior es cierto con harta frecuencia. Baste recordar ahora la cesión de buena parte de los terrenos del Tercer Depósito del Canal de Isabel II a un grupo privado para instalar un campo de golf de acceso restringido. Frente a los deseos de la gran mayoría de residentes en el Distrito de Chamberí de contar con un parque razonablemente amplio dotado de diferentes ambientes, recorridos y espacios deportivos abiertos.

Incluso en un caso tan claro como este puede aparecer (y aparecerá si finalmente se opta por desmontar las instalaciones de golf) un conflicto entre los partidarios de que permanezca dicha instalación deportiva (una minoría, sí, pero ciudadanos como los demás) y la mayoría de los habitantes de un Distrito que cuenta con la dotación de m2 de zona verde por persona más bajo de todo Madrid.

Pero las cosas no son siempre tan sencillas, habitualmente no lo son. Es frecuente la aparición del conflicto, o de conflictos de geometría variable, entre preferencias, necesidades e intereses de distintos grupos de ciudadanos. En este caso un correcto proceso de participación inclusivo no hará sino detectar este conflicto (o conflictos), permitiendo identificar el apoyo relativo y la postura de los diferentes grupos, así como la caracterización social de cada uno de ellos (edad, situación familiar y profesional, nivel cultural y económico, etc).

La resolución de este tipo de conflictos suele requerir algún tipo de mediación política, no soliendo ser posible resolverse mediante el sencillo expediente de votaciones directas entre los participantes. Y esto porque estos participantes—ciudadanos activados e interesados—no suelen representar más que una exigua minoría del censo demográfico de la circunscripción urbana de que se trate (barrio, distrito, municipio..) o, incluso, de los que realmente ejercitaron su derecho a votar en las últimas elecciones municipales.

Además la acción política debe salvaguardar el interés general y los derechos de las minorías menos activas y más necesitadas de amparo (ancianos, discapacitados, niños).

Los ciudadanos más activos, por ejemplo los grupos de jóvenes, no siempre tienen derecho a imponer sus preferencias: por ejemplo en torno al espinoso tema de los horarios de cierre de bares o a la permisividad en el uso de los espacios públicos frente a los deseos de otros grupos como son los residentes maduros o ancianos, los trabajadores con horarios exigentes, etc. Enseguida volveremos al tema.

Veamos algunos ejemplos típicos de situaciones en las que es habitual se presenten discrepancias sustanciales entre distintos grupos de ciudadanos:

1.-Medidas de peatonalización de calles céntricas, política de usos tolerados en plantas bajas y de horarios de apertura de esos usos.

Son habituales en todas las ciudades las diferencias de criterio entre vecinos residentes y propietarios de locales, entre familias y determinados grupos de usuarios jóvenes.

Los primeros serán menos partidarios de políticas de peatonalización total (sí de las de calmado de tráfico), de la libertad de horarios y de la tolerancia respecto a los usos y abusos en el espacio público. Los segundos, a la inversa.

2.- Políticas de movilidad, de control de ruidos, riesgos y contaminación atmosférica.

En este terreno es típico que se forman dos bloques discrepantes. En el 1º militarán los conductores con acceso permanente a un vehículo, los residentes en barriadas periféricas o suburbanas que trabajan en zonas céntricas y, en general, un perfil social de hombre joven o maduro, profesional de clase media.

En el 2º se suelen incluir los usuarios habituales del transporte público y los peatones, los residentes y empleados en zonas centrales y/o con buen transporte público; así como un perfil social que agrupa a mujeres sin acceso permanente a un vehículo, inmigrantes o asalariados de ingresos reducidos, ancianos y niños.

El primer grupo abogará lógicamente por políticas de movilidad “liberales”, poco restrictivas con el uso del vehículo privado  y por presupuestos públicos que sigan apostando por la ejecución de infraestructuras viarias nuevas o ampliadas.

El 2º grupo preferirá políticas más restrictivas, inversiones que privilegien las mejoras en los medios de transporte público, tarifación obligada en los principales accesos radiales a las zonas céntrales, etc.

El predominio durante las últimas décadas de gobiernos conservadores, tanto en la ciudad como en la Comunidad de Madrid, explica como los intereses del primer grupo han sido ampliamente satisfechos, incluso sin excesivo énfasis en las políticas de participación.

3.- Políticas de control de la dispersión suburbana (“sprawl”) y de localización de viviendas unifamiliares.

Este es un tema de conflicto clásico en los municipios extensos que alojan ciudades medias y en las áreas metropolitanas formadas en torno a alguna gran ciudad. En el primer caso afectará al perfil del Plan General—más o menos restrictivo en su política de clasificación de suelo para usos residenciales de baja densidad–, en el 2º a las posibles políticas de ordenación territorial, caso de que existan ( más o menos restrictivas en relación con el crecimiento de los pequeños núcleos satélites).

En ambos casos es habitual la configuración de bloques sociales con posturas encontradas.

Al 1º se apuntarán los propietarios de suelo rural (sobretodo si se trata de parcelarios muy fragmentados como sucede en Galicia, Asturias y otras regiones), así como familias convencionales de clase media o media-alta que buscan entornos residenciales de baja densidad (casas con jardín)

En el 2º militarán , paradójicamente, los residentes de idénticos grupos sociales establecidos con anterioridad en el medio suburbano que no quieren ver empeorada la calidad del medio que habitan ni la congestión de las carreteras que utilizan a diario. Y también los individuos o familias con preferencias claramente decantadas por el medio urbano y la vivienda colectiva, sea por razones de su gusto personal o de conciencia medioambiental.

Es evidente que el primer grupo respaldará las políticas expansivas y el 2º las restrictivas. En la reciente Revisión del Plan General de Gijón se ha asistido a su suspensión definitiva, después de ser aprobado inicialmente, debido a las airadas protestas “ciudadanas” de numerosos propietarios de pequeñas parcelas rústicas no edificadas en las parroquias rurales en torno a la ciudad. Mientras que la ciudad de Vitoria-Gasteiz, hasta fechas recientes con limitados procesos de participación ciudadana, lleva décadas implementando un modelo de ciudad compacta y salvaguardando el perfil rural de la mayor parte de los pueblos de su extenso término municipal.

Además de estos tres ejemplos se podrían citar muchos otros surgidos en torno a temas como: la política de mezcla de usos y tipos edificatorios vs la homogeneidad funcional y tipológica; la localización de infraestructuras de servicios o grandes equipamientos considerados “perjudiciales” (depuradoras, estaciones de tratamiento de residuos sólidos, cáceles, psiquiátricos, etc), son los famosos NIMBYs –Not In My Back Yard–de la literatura anglosajona; las medidas de control de las actividades de grafiteros, de los usos incontrolados de zonas verdes públicas (“botellón”, etc).

En resumen, es obvio que hay conflictos que podríamos denominar “de clase”, en los que los intereses de una minoría privilegiada se oponen a los de amplias mayorías de ciudadanos. En estos los procesos participativos pueden permitir con relativa facilidad y rapidez el diseño de acuerdos y consensos amplios que serán asumidos e implementados por las instancias políticas.

Pero también existen multitud de conflictos de perfil menos nítido que enfrentan a diferentes grupos de ciudadanos según diversas líneas de fractura: generacionales, laborales, culturales, de estado de salud o, simplemente de diversas apetencias y preferencias. En estos casos la participación permitirá detectar la tipología de los acuerdos y de los conflictos y el perfil de los apoyos a unos y otros.

Pero en general, y en mi opinión, requerirán una mediación política que, en función de los Programas y posicionamientos ideológicos de los respectivos representantes políticos, de los Informes de técnicos cualificados (independientes o integrados en las distintas administraciones públicas), de consideraciones de interés general y de respeto a las minorías, permitan tomar decisiones en cada caso.

Que, por supuesto, no contentan a todos ni, a veces, a los activistas más aguerridos de las propias bases electorales de los grupos políticos que ostentan en ese momento el poder municipal o autonómico.