El pasado 16 de mayo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa el artículo “El necesario cambio de política de vivienda” de nuestro socio Julio Rodríguez, que reproducimos a continuación por su interés:
Los indicadores del mercado de vivienda en España confirman la presencia de una recuperación, que se afirma conforme avanza el ejercicio de 2016. Pero dicha recuperación trae consigo la habitual secuela de aumentos de precios de venta y de los alquileres, lo que complica el acceso a la vivienda a los hogares, en especial a los de nueva creación.
Entre los indicadores más significativos destacan los relativos al aumento de los precios de la vivienda (6,7% crecieron entre el primer trimestre de 2014 y el cuarto de 2015). También destacan las ventas de viviendas, que registraron un crecimiento medio anual del 15,5% en 2014 y 2015. En este año las ventas superaron las 400.000 unidades, con un peso abrumador de la vivienda usada. Las ventas a extranjeros alcanzaron el 17,2% del total de ventas.
El stock de viviendas de nueva construcción no vendidas debió de situarse en 515.000 a fines de 2015, un 3,9% por debajo del correspondiente a fines de 2014.Tras haber alcanzado las viviendas iniciadas un nivel mínimo de 35.000 en 2014, dicha magnitud creció un 42,5% en 2015 y en los dos primeros meses de 2016 lo ha hecho en un 39,2%. De este modo en 2016 podrían alcanzarse las 70.000 iniciaciones.
Los precios de la vivienda y los alquileres aumentarán en torno al 4% en el ejercicio de 2016. Para un nuevo hogar mileurista el acceso a una vivienda de 90 metros cuadrados implicaría asignar a la vivienda en torno al 60% del salario. El problema de accesibilidad se acentúa en las grandes áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, donde los precios crecieron más de dos puntos sobre la media nacional. En Barcelona están los alquileres más elevados de España, en torno a una media de 11 euros por metro cuadrado y mes, impulsados por los pisos turísticos
Junto al mayor esfuerzo de acceso a la vivienda, persiste una dura realidad de desahucios de viviendas. En 2015, según el Consejo General del Poder Judicial, los lanzamientos de viviendas ascendieron en España a 67.400. De dicho total, más de 29.000 se derivaron de procedimientos de ejecución hipotecaria y unos 35.700 correspondieron a impagos de alquileres.
Los desahucios han sido una de las consecuencias más negativas derivadas de la aguda recesión económica desarrollada entre 2008 y 2013. La respuesta política a dicho problema tardó en producirse, y se está lejos de una solución definitiva. El fondo social de viviendas, el código de buenas prácticas y la moratoria a los desahucios son paliativos al problema. Se debe de introducir en España una normativa en materia de desahucios hipotecarios que implique de verdad una “segunda oportunidad”.
Aparte de las respuestas puntuales a la cuestión de los desahucios, se puede decir que en 2016 no hay política de vivienda en España. Los presupuestos de 2016 apenas incluyen recursos para apoyar al alquiler y a la rehabilitación, supuestos objetivos del inoperante Plan Estatal de Vivienda 2013-2016. El gobierno ha dejado por completo en manos de las autonomías la promoción y venta de viviendas protegidas (VPO). En 2016 las calificaciones provisionales de viviendas de protección oficial no llegaron a las 6.000. Las ventas de viviendas protegidas, nuevas y de segunda mano, alcanzaron solo al 4,6% del total de ventas de viviendas en España.
Conforme más se fortalezca el mercado de vivienda, al que impulsa la política de dinero barato del Banco Central Europeo, más difícil resultará para numerosos hogares el acceso a la vivienda, y más se complicará la emancipación de los hogares jóvenes. No cabe dejar a un número tan importante de hogares reales y potenciales a merced del mercado en lo que al acceso a la vivienda se refiere. La política de vivienda no solo tiene que atender a la emergencia que plantean los todavía abundantes desahucios, sino que debe de hacer algo para atenuar el esfuerzo de acceso para una proporción importante de los nuevos hogares.
El alquiler es una pieza básica de la política de vivienda. Resulta necesario crear en España parques estables de vivienda social de alquiler gestionados por los ayuntamientos. Deberían de funcionar los registros de demandantes previstos en los planes de vivienda pasados. Dichos parques se crearían a partir de las viviendas vacías que puedan adquirir las administraciones públicas y también a partir de la construcción de nuevas viviendas protegidas para el alquiler. En la financiación crediticia de estas últimas tendría que desempeñar un papel significativo el ICO.
El urbanismo local debe de reservar suelo para las viviendas protegidas de alquiler en los nuevos desarrollos., exigencia que debe de quedar clara en la normativa de suelo, un tanto trastocada en los últimos años. Y el gobierno central debe de volver a coordinar la política de viviendas protegidas, sin dejar del todo la misma en manos de las autonomías.