El pasado 17 de mayo se publicó en el diario digital Nueva Tribuna el artículo “Operación Chamartín y la “creación” de empleo” de nuestro socio Francisco López-Groh, que reproducimos a continuación por su interés:
Debo empezar por decir que comparto el medido entusiasmo manifestado en el artículo de Eduardo Mangada y Jesús Gago por el giro dado a la concepción de la operación Chamartín. La sosegada reflexión del citado artículo contrasta con la grosera batería de críticas a la propuesta municipal en la prensa del día siguiente y, especialmente en El País, sostenedor desde hace tiempo de la propuesta de DCN/BBVA, que el día 12 de Mayo dedicó un editorial y varios artículos al tema, así como los publicados en otras cabeceras, entre los que cabe destacar El Español con su serie de cinco artículos (de momento).
Los argumentos de esa ofensiva -con artillería gruesa como la del economista José Carlos Díez atacando a las alcaldías del cambio en un asombroso popurrí en el que mezcla a Siryza en una interesada y demagógica lectura de la crisis griega, con Chamartín- van desde la ausencia de viabilidad de la nueva propuesta, al rechazo a la intervención pública, y sobre todo a la difusión de la idea de que los ayuntamientos del cambio son un freno a la inversión y a la creación de empleo.
El argumento principal del editorial de El País (dejo de lado por ahora la angelical idea de “que hay otros medios para recuperar plusvalías”, cuando la contabilidad virtual -que no la viabilidad- de la operación se basaba precisamente en dichas plusvalías) es la “denuncia” de inseguridad jurídica o regulatoria existente, que extiende –por hablar sólo de Madrid- a otros proyectos de ‘extracción de rentas’ como Pza. España y Mahou. Inseguridad que según el citado medio, produce inquietud en los inversores.
Apoyando esta inquietud, la portavoz de Ciudadanos declaraba que la operación Chamartín (la planteada por el BBVA) era una gran inversión y generaba 100.000 empleos. Finalmente otro artículo repasaba las opiniones de diversos operadores inmobiliarios bajo un titular que contradecía parcialmente el contenido: “Los conflictos municipales desincentivan la inversión inmobiliaria de grandes fondos”.
En todas los reacciones a que alude dicho artículo se cita la palabra inversión, pero en la opinión de los agentes privados –intereses de parte obviamente- destacaban dos comentarios: uno (Rafael González Cobos) recalcaba que los inversores “buscan rentabilidad a corto plazo”, lo que el común de las personas llama “especulación” sin demasiado rigor; el segundo por su parte (sostenido por Irea, Savills…) afirmaba –contra lo categóricamente anunciado en el titular-, que no veían ningún freno a la inversión citando como ejemplo, eso sí de modo alegre, la operaciónn Canary Warf.
Nada decían sin embargo acerca de que tal operación –como algunos lectores sin duda recordarán´- produjo una de las quiebras más sonadas de un “inversor” multinacional, Olympia & York, en la crisis de los 90, desencadenando- en un avance de lo que luego sería la crisis financiero-inmobiliaria de las subprime-, una cascada de efectos secundarios, entre otros la quiebra del Alabama Retirement System, un fondo de pensiones afectado por los bonos en manos del gigante inmobiliario.
Atención pues a los “inversores”, en su búsqueda de beneficios a corto y a los peligros que se desencadenan –recuerden la burbuja- cuando sus expectativas financieras mutan en insostenibles.
Pero hay además otro asunto que me parece de interés. Me refiero a la auténtica manía (1) de “calcular” los empleos que “creará” una operación urbanística (DCN/BBVA, Villacís…) fantasía en la que pudiera estar cayendo también la corporación municipal.
Una anécdota personal quizás aclare el asunto. Hace muchos años, trabajando en la Comunidad de Madrid recibí el encargo de estimar los empleos que “crearía” un polígono industrial que se iba a desarrollar, dado que se suponía que yo era “experto” en el tema. Intenté –flojamente, todo hay que decirlo- objetar aquel encargo con algunos –pocos- argumentos de los que entonces estaban a mi disposición, pero la contestación, posiblemente parecida a lo que opinará más de un lector, fue: “bueno, ya sabemos, pero es que hay que contar estas cosas… para…”.
Y así seguimos. En un país donde incluso el estudio ex-post de las inversiones públicas nunca se realiza, donde escasean, por decir algo, los análisis concretos de los efectos multiplicadores en diversos ámbitos sectoriales y espaciales, asombra la ligereza con la que se manejan los “efectos” de las inversiones, especialmente en términos de empleo. Cómo no recordar, por cierto, el fiasco del multiplicador fiscal del FMI, que resultó no ya estar equivocado en unas décimas, sino que actuaba en sentido inverso.
Conviene no olvidar que los multiplicadores difieren según la estructura económico-empresarial de un ámbito y, desde luego según los patrones estructurales del modelo de crecimiento. Por lo demás, la forma en que se “estiman” (que suele ser en el mejor de los casos con el recurso a una utilización abusiva de las tablas input-ouput de la Contabilidad Nacional) ignora una serie de condicionantes que pueden llegar a invalidar dichas aproximaciones:
- Por lo que respecta al gasto en la producción de espacio físico –construcción- se viene a suponer que la citada inversión “se añade” como por arte de magia a la producción tendencial del país –o región- de forma que, presten un poco de atención- si diseñáramos cuatro o cinco operaciones como ésta en la región metropolitana acabaríamos con el paro (en realidad bastaría con dos de ellas para acabar con el paro registrado en Madrid, que es de algo más de 200.000 personas. ¿A qué esperamos?
- Lo mismo cabe decir de la identificación de los techos de oferta de espacio en ciertas actividades y el empleo que se supone crearían. Sería un auténtico milagro que el hecho de producir m2 de oficinas incrementara de por sí el empleo. ¿No es más adecuado invertir el cálculo, estimar los escenarios del empleo en oficinas, evaluar la oferta y ver si hay restricciones espaciales? Ojo, ni siquiera en éste caso el espacio “crearía empleo”. Todo lo más eliminaría deseconomías espaciales. De hecho, si en plena burbuja inmobiliario/financiera se hubiera hecho un cálculo similar con los polígonos industriales realizados en la época, seríamos una potencia industrial equivalente o superior a Alemania. Y sin embargo, como todo el mundo sabe, una considerable parte de este parque está sin ocupar. Tal como los vecinos y opositores a la operación diseñada por DCN/BBVA han sostenido, la sobreoferta en este ámbito, caso de producirse de forma efectiva, redundaría –como ocurre con el comercio en el centro- en la absorción de la oferta de empleos del resto de la ciudad, por no decir de la región metropolitana, incrementando la desigualdad –además de otros efectos mal estimados sobre la movilidad y otros aspectos ambientales.
- Estos “escenarios” de “creación” de empleo eluden además plazos y escenarios macroeconómicos (cálculo de riesgo). Podría ser que en una determinada coyuntura –no es el caso- la oferta de espacio se acompasara con la evolución del empleo –sin tampoco “crearlo”- pero estas grandes operaciones están sujetas a la evolución crítica de los flujos financieros más que a los “obstáculos” urbanísticos. La “viabilidad” de esta operación, incluso en su ahora renovada versión municipal, depende en gran medida de las decisiones de Draghi y de los aleatorios flujos de inversión multinacionales, También por esa razón es importante que sea pilotada por la Administración Pública.
- Estas evaluaciones desconocen por último que la relación inversión/empleo no es la misma en los distinto modos y coyunturas de crecimiento o crisis. Y menos en la situación actual.
Así que no. La operación Chamartín no va a “crear” empleo. En el hipotético y difícil caso –dada la política de la Unión Europea- de que éste siga creándose a un ritmo adecuado, el crecimiento va a ser el resultado de la dinámica de la economía española. Todo lo más que la operación va a permitir es concentrar aquí una cuota del nuevo empleo, succionando una parte del resto de la ciudad.
El desarrollo de operaciones urbanísticas –máxime de las de esta envergadura- ha de justificarse sobre otro tipo de razones, sin tener que acudir a argumentos que pueden sonar atractivos, pero que se alejan bastante de la realidad.
(1) Trastorno o enfermedad mental que se caracteriza por una euforia exagerada, la presencia obsesiva de una idea fija y un estado anormal de agitación y delirio.