El pasado 12 de septiembre se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa el artículo “Verano, investidura y ayuntamientos” de nuestro socio Julio Rodríguez, que reproducimos a continuación por su interés:
La llegada de septiembre de 2016 coincidió con una nueva elevación de temperaturas en toda España. En la semana del 5 al 11 de septiembre podrían alcanzarse las máximas temperaturas del verano de 2016. No parece que la cumbre del clima de París de 2015 haya tenido hasta ahora consecuencias significativas. Se sigue expulsando masivamente anhídrido carbónico a la atmósfera y la sequía se ha convertido en algo crónico. Los excesos del verano de 2016 revelan que los problemas derivados del ya efectivo cambio climático no preocupan demasiado a buena parte de la ciudadanía. Con menos frecuencia que antes, todavía se celebran a fin del mes de agosto las fiestas burguesas de “fin del verano”, cuando todo indica que es posible que el personal podrá bañarse en bastantes playas españolas hasta el Día de Todos los Santos (1º de noviembre).
El viernes 2 de septiembre quedó derrotada la candidatura de Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno, a pesar de estar sólo a seis votos de los 176 necesarios. La posibilidad de que se celebren unas terceras elecciones generales en 2016 cada vez resulta menos remota, a pesar de que la opinión pública presenta indicios claros de apatía y distanciamiento respecto de la situación política. En las intervenciones de los líderes políticos en la tarde del 2 de septiembre aparecieron algunos matices. Éstos apuntan a que, desde el PSOE, pudiera intentarse una candidatura alternativa de Pedro Sánchez, apoyado por Podemos y por un tercer partido, que bien podría ser Ciudadanos o un conjunto de fuerzas políticas que en su mayoría se sitúan en el espectro del soberanismo segregacionista.
No va ser fácil conseguir tal coalición a tres (de “gobierno Frankestein” lo califico Rubalcaba). Mientras tanto, hay numerosos problemas que acometer, abundantes normas emanadas de la etapa de mayoría absoluta del PP que corregir (normativa laboral, tarifas del consumo eléctrico, ley mordaza, reforma fiscal, ausencia absoluta de política de vivienda), es imprescindible la reforma constitucional en la cuestión territorial, así como la ley de financiación autonómica, y hay que modificar la ley electoral.
Finalmente, es imprescindible responder a las exigencias de Bruselas en materia de corrección del déficit público, que debe situarse por debajo del 3% del PIB en 2018, y está pendiente sobre todo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
La economía parece acentuar la recuperación. Los resultados de la Contabilidad Nacional correspondientes al segundo trimestre de 2016 señalan sobre todo la presencia de un dinamismo importante en el consumo privado de los hogares (3,6% fue la tasa de variación interanual en dicho periodo), en la inversión en bienes de equipo y resulta en especial positivo el comportamiento de las exportaciones, cuya variación interanual a precios constantes (6,8%) superó al de las importaciones. El turismo ha presentado un crecimiento excepcional en el verano de 2016, apareciendo problemas de escasez de agua, también consecuencia del cambio climático.
La animación turística reforzará la recuperación del subsector de la construcción residencial. Los ayuntamientos se desviven por conceder nuevas licencias de obras, y alguno hasta aumenta aún más el ya elevado volumen de suelo calificado como de urbanizable residencial. En Madrid se comenta la necesidad de racionalizar el gasto público, pero la realidad revela que crece el número de ayuntamientos. En Madrid los políticos no informan de que la competencia en materia de autorización de segregaciones de municipios la tienen las autonomías, que parecen preferir pueblos cuanto más pequeños mejor.
A mayor recuperación del mercado de vivienda más crecerá el número de nuevos municipios y más aumentará el empleo en los nuevos entes locales. Un ayuntamiento de próxima creación, el de Torrenueva-Costa (Granada), 2.700 habitantes, que se prevé sea plenamente independiente a mediados de 2017, tiene ya más de 85 nuevos empleos contratados. Cuando llegue el momento, además de concejales, secretario y otros funcionarios, superará los 100 contratados. Pedirle a dicho nuevo ente local que diversifique la actividad productiva es como buscar naranjas en el mar.
Cuando en Madrid se hable de racionalizar y simplificar las Administraciones Públicas, se puede opinar sin miedo a quedar mal que se trata de una burda falsedad. No todo es suprimir las diputaciones mientras no dejan de autorizarse por las autonomías la creación, mediante segregación, de nuevos municipios.