El pasado 8 de mayo se publicó en la versión digital de El Mundo el artículo “Arquitectura promiscua, ciudad mestiza” de Carlos Hernández Pezzi, doctor arquitecto y presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España desde 2002 a 2009, en el que se analiza el proyecto de rehabilitación de las Atarazanas y que reproducimos a continuación por su interés y relación con nuestro debate de esta tarde PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: ¿Bien cultural o mercancía? :
YA CABALGA el caballo cuatralbo sobre la tierra sevillana, cuando el anatema de la inquisición patrimonial se lanza sobre el proyecto y la obra de las Atarazanas de Sevilla y -a menudo, también- sobre el arquitecto, jinete del pueblo democrático, que las defiende de su consagración ecuménica como monumento al pasado en el altar de la conservación.
Para los arquitectos siempre es conmovedor que se alcen voces por la conservación imposible en lugar de a favor de la restauración irrenunciable; lo que supone dar vida a lo monumental sin perder ni el alma del patrimonio, ni la razón de la arquitectura. A Guillermo Vázquez Consuegra no le es raro verse envuelto en la polémica. Creo que la acoge y convierte en debate con elegante conocimiento y suficiente distancia. Sin embargo, en tiempos de deliberación, cuando las mayorías son inestables, las opiniones mudables y los criterios, más que intercambiables, las gamas interpretativas son tan aleatorias como las de los escaparatistas ‘gourmet’ o los cocineros de master chef al uso.
Igual que García de Paredes recordaba que los edificios no se cambian de fachada como de chaqueta -a propósito de la iglesia de Stella Maris en la Alameda Principal de Málaga-, estamos acostumbrándonos a cambiar los criterios de intervención, a fuer de voces conservacionistas a ultranza, que se amparan en expertos para conseguir hacer saltar por los aires nuestros propios acuerdos acerca de la regulación de los BIC, o las decisiones de las comisiones provinciales de Patrimonio. No es un caso aislado, la inseguridad jurídica del patrimonio español está más en los francotiradores que juzgan la sentencia ‘crimen patrimonial’ que en los órganos jurídicos, culturales y urbanísticos que tienen la obligación de velar por ellos. Sigue leyendo