Los ciudadanos de este país llevamos tiempo asistiendo asombrados cuando no indignados al desmantelamiento del soporte del Estado del Bienestar creado a duras penas desde el restablecimiento del estado democrático. Lo que popular y políticamente se conoce con el nombre de recortes.
Paralelamente a esta política de austeridad y restricción de derechos, observamos con estupor el apoyo indiscriminado a la banca realizado con fondos públicos, es decir de todos los ciudadanos, y cuyos objetivos y resultados a corto y medio plazo resultan oscuros.
Tanto los recortes como las ayudas al sector bancario son sin duda discutibles desde muchos ángulos y perspectivas y por esta misma razón consideramos que su sentido, coste, y gestión no deben ser hurtados al conocimiento y el debate público.
Uno de estos ejemplos flagrantes está siendo la creación del popularmente conocido como Banco Malo. Se trata sin duda de una operación de elevado impacto para los ciudadanos en su magnitud física y efectos económicos, sociales y territoriales. Una cartera que, por el momento, alcanza un volumen total de más de 50.000 millones de euros, aunque el censo de estos activos trasladados y su “valor de mercado” esté siendo ahora mismo objeto de análisis.
Todo lo que afecta al diseño y puesta en marcha de la SAREB está siendo ejecutado en la más profunda oscuridad, fuera de la vista y el control de los ciudadanos y el parlamento, que apenas logran, en el mejor de los casos, tener acceso a la publicación por parte de la prensa de resúmenes y noticias parciales .
Este oscurantismo no sólo afecta, con ser probablemente lo más importante, a las características, localización y valor de estos activos transferidos, sino a todas las operaciones complementarias que le acompañan, desde la emisión de bonos garantizados por el Estado, utilizados para “pagar” estos activos, a los criterios y condiciones de realización de los mismos o a las exenciones de impuestos a la SAREB : IVA, Transmisiones, plusvalías municipales y otros, de forma que hacerse una idea aproximada del coste actual y futuro de esta operación par los ciudadanos resulta imposible
Nos parece asombroso que, a estas alturas los ciudadanos apenas tengan información pública y veraz sobre aspectos tan importantes como:
– La cantidad, localización, clasificación, estado de urbanización y/o construcción de los suelos y viviendas afectados.
– La valoración y propiedad de los activos traspasados al denominado “banco malo”.
-Los criterios de valoración de los mismos; los escenarios previstos y las formas de recuperación del capital público implicado
– Los criterios con que estos activos van a ser realizados en términos de precios, oportunidad , etc.
Todo ello nos preocupa ante todo como ciudadanos, pero también como profesionales relacionados con el urbanismo y la ciudad. El impacto sobre el territorio del destino final de estas actuaciones nos resulta al menos tan preocupante, y tan impactante sobre los recursos y la calidad urbana, como el meramente financiero
Fdo. Teresa Arenillas Parra.
Presidenta del Club de Debates Urbanos
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