Eduardo Mangada publicó recientemente el artículo «La elecciones de mayo de 2015 incrementan la furia privatizadora del PP de Madrid» en www.nuevatribuna.es. Lo reproducimos aquí por su interés
El principio que afirma la función social de la propiedad, sea privada o pública, está presente de una u otra forma en todas las democracias avanzadas. En nuestra legislación sobre el régimen del suelo en los procesos de desarrollo urbano, el principio antes enunciado está presente como parte sustantiva desde la Ley del Suelo de 1956 y mantenido, con mayor o menor énfasis, en todos los desarrollos legislativos posteriores, sean del rango que sean, nacional o autonómico.
Pero en estos últimos decenios y, sobre todo, en los últimos años, el citado principio ha sido olvidado y está siendo despreciado por las administraciones públicas en los tres niveles, dando prioridad al valor de mercancía del patrimonio público y, de forma muy señalada, del suelo público, entendidos como generadores de ingresos y beneficios mediante su privatización, su venta en el mercado.
La primera razón con que se intenta justificar esta venta del patrimonio público es la necesidad de nutrir las esquilmadas arcas de las administraciones o la de hacer frente a la cuantiosa deuda pública contraída por una mala gestión, una mala política económica. Siendo dudosa esta pretendida justificación, mucho más grave es cuando esta continua y empobrecedora privatización se lleva a cabo como lógica consecuencia de un neoliberalismo desregulador, que defiende las leyes del puro mercado por encima de las razones políticas y entiende que la mejor gestión de los patrimonios físicos, infraestructurales o humanos está en las manos de los operadores privados, hipotecando con ello la capacidad de actuaciones públicas futuras en beneficio de la colectividad.
Madrid está siendo escenario de un proceso insaciable de privatización de lo público
Madrid ha sido, y sigue siendo en nuestros días, escenario de un proceso insaciable de privatización de lo público, ya sea el agua, las viviendas sociales incluidos sus ocupantes o los suelos y edificios de titularidad pública. Como ejemplos más visibles y recientes centrémonos hoy en dos casos concretos: la manzana de Raimundo Fernández Villaverde 50, propiedad del Ministerio de Defensa, y las Cocheras del Metro de Madrid, en Cuatro Caminos.
Ambos terrenos han sido adjudicados en subasta púbica a Domo Gestora y al Grupo Ibosa, gestoras de dos cooperativas creadas ad hoc y promocionadas con los nombres comerciales de “Residencial Maravillas”, en Raimundo Fernández Villaverde y “Residencial Metropolitan”, en Cuatro Caminos. (Fig. 1)
“Residencial Maravillas”, con una edificabilidad de 54.225 metros cuadrados, permitirá construir 355 viviendas a un precio estimado de unos 3.400 euros/metro construido. “Residencial Metropolitan” con una edificabilidad de 58.500 metros cuadrados, permitirá la construcción de 381 viviendas libres y 62 VPO, con un precio estimado de 2.700 euros/metro construido, las primeras, y 1.940 euros/metro cuadrado útil las segundas. Como puede comprobar cualquier persona medianamente conocedora del mercado de vivienda en estos tiempos, se trata de promociones destinadas a clientes de alta capacidad económica, salvo la pequeña cuota de viviendas protegidas, como ridícula muestra de una pretendida sensibilidad social.
Antes de esta venta de suelos públicos a promotores privados, aunque se amparen con el nombre de cooperativas, ¿el Ayuntamiento y el propio Ministerio de Defensa se han preguntado si existían otras necesidades sociales en la ciudad, más concretamente, en los barrios en que su ubican estas promociones, a las que estos suelos podrían dar asiento? No. En el caso de las Cocheras del Metro, ni siquiera se han atendido las solicitudes de Madrid Ciudadanía y Patrimonio y de la Sociedad de Amigos del Metro y los Tranvías Históricos de Madrid para que se califiquen como Bien de Interés Cultural los edificios históricos proyectados por el arquitecto Antonio Palacios y el ingeniero Miguel Otamendi. Tampoco han merecido la atención del Ayuntamiento las demandas de las asociaciones vecinales de Chamberí, especialmente las de Parque Sí Chamberí, reclamando equipamientos de distinto tipo y zonas verdes en el distrito.
Lo malo es que todo anuncia que esta furia privatizadora va a continuar acelerada en los próximos meses, ante el temor del PP de perder la mayoría en el gobierno municipal en las elecciones del mes de mayo, sin antes haber dejado consolidados los beneficios de promotoras inmobiliarias afines a su ideología. Predicción que puede verse confirmada en casos como las instalaciones de Metro en Ventas y Pacífico, los restos del estadio Vallehermoso (privatizado ya en parte), los terrenos de la Guardia Civil en Príncipe de Vergara, el Parque Móvil en Cea Bermúdez, la incierta cesión de la finca de Torre Arias a la Universidad de Navarra o el Mercado de Legazpi, entre otros.
EL MADRID DE LOS OCHENTA
Asumo el riego de una simplificación y una reflexión un tanto trasnochada cuando afirmo que este es el ejemplo de una política de la derecha a la que merece contraponer una operación semejante de los años ochenta, cuando gobernaba Madrid un ayuntamiento de izquierdas (PSOE-PCE).
En aquel tiempo se dispuso de suelos de titularidad pública en localizaciones centrales de Madrid, en mucho semejantes a los que dan lugar a este artículo. Junto a la Plaza de Castilla, dando frente a Bravo Murillo, los terrenos de propiedad municipal llamados el “Triángulo de Oro”. Más al sur, unas instalaciones militares denominadas Cuartel de la Remonta, a la altura del número 327 de Bravo Murillo. (Fig. 2) Dos solares atractivos para la iniciativa privada que, sin embargo, fueron promovidos por el propio ayuntamiento con una finalidad social y un compromiso con la revitalización de la ciudad.
Datos que ponen de manifiesto la diferencia entre estas dos políticas municipales
Sobre el Triangulo de Oro, con una superficie de 17.200 doscientos metros cuadrados, se construyeron 50 viviendas de promoción pública (EMV), un polideportivo de 7.132 metros cuadrados, zonas verdes y aparcamientos. Todo ello financiado por el ayuntamiento. La finalidad última de esta operación era la de facilitar a través del realojo en régimen de alquiler de familias residentes en infraviviendas en Tetuán para facilitar la gran operación de Barrios en Remodelación y dotar de un polideportivo a una zona de Madrid deficitaria de todo tipo equipamientos y servicios sociales.
En la Plaza de la Remonta, con una superficie de 41.900 metros cuadrados, se construyeron 132 viviendas de promoción pública (EMV), un Instituto de Enseñanza Media para 2.000 alumnos (Ministerio de Educación y Ciencia), un Centro Socio Cultural de 1.375 metros cuadrados (Ayuntamiento de Madrid), un polideportivo municipal de 4.200 metros cuadrados, una galería comercial y una Comisaría de Policía (Ministerio del Interior). Un ejemplo todo ello de colaboración finalista entre las administraciones públicas a través de los correspondientes convenios, incluyendo al sector privado en los espacios comerciales.
Dos operaciones significativas en las que se aprovecha la oportunidad que ofrece el patrimonio de suelo público, en lugares estratégicos de la ciudad, para dar respuesta a las demandas y anhelos de los ciudadanos y enriquecer la trama urbana.
Confrontemos estos ejemplos de actuación del gobierno municipal para mostrar de forma evidente que no es lo mismo la derecha que la izquierda. Tengámoslo en cuenta al votar en las próximas elecciones del mes de mayo.
