Una de las operaciones vivas más importantes de regeneración urbana en Madrid, el Plan Especial del Paseo de la Dirección, ha pasado relativamente desapercibida para la opinión pública a pesar de constituir una actuación de elevado impacto para las personas afectadas y para el conjunto del distrito y de la ciudad.
Esta operación ha sido desarrollada a través de un procedimiento, concesión a un operador privado (Dragados), que se ha revelado negativo para el interés público y especialmente para el de las personas afectadas. El Convenio y el planeamiento que lo sustenta han sido objeto a lo largo del tiempo de sucesivas «modificaciones a medida» del concesionario, según variaban las condiciones del mercado, desde los tiempos de la burbuja a la reciente crisis económica.
Entre los efectos negativos de la operación desde el punto de vista urbanístico cabe destacar:
a) Un exceso de edificabilidad fruto del contenido y forma del convenio bajo la falsa hipótesis de “coste 0” para el municipio, cargando los gastos de urbanización – incluida una infraestructura, que es en realidad un sistema general- expropiaciones, y otros a la operación, a cambio de edificabilidad en el ámbito.
b) Este exceso de volumen edificado ha sido fruto también de decisiones escasamente pensadas, como la transferencia de edificabilidad a la zona o la reciente permuta de gran parte de la vivienda libre inicial por su equivalente económico en metros cuadrados de vivienda protegida, siguiendo objetivos exclusivamente mercantiles.
c) Como resultado de esta edificación brutal, el borde del barrio, antes en contacto físico, paisajístico y ambiental con el Parque Rodríguez Sahagún, está siendo aislado del mismo por una muralla edificada de notable altura, que cambia sustancialmente la morfología original, y por una “autovía” inadecuada por su dimensión y trazado para las necesidades y funcionamiento del barrio y la ciudad.
d) El sistema de cesión a un operador privado está provocando el empobrecimiento literal de muchos vecinos y una forma de gestión de la expropiación por parte del agente privado que linda con el abuso de poder (exclusiones de la expropiación, amenazas veladas, etc.)
e) El deficiente diseño del Plan y de su proyecto de urbanización, ha tenido como consecuencia un trazado viario sobrealzado, que ha sido resuelto mediante el levantamiento de muros de contención que aíslan aún más el barrio del Parque Rodríguez Sahagún, agrediendo de forma casi irremediable a un elemento patrimonial protegido, la conducción y el sistema de acueductos del Canal de Isabel II, así como al arbolado existente y al medio ambiente en general.
f) Y por último, la precipitada reanudación de las obras de urbanización ha resultado en una obra caótica, realizada sin orden ni control, con accesos de ventura o fuera de toda norma y sin las debidas medidas de seguridad y protección a los vecinos.
Resulta intolerable que una operación pública cuyo objetivo debiera ser mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, la calidad urbana y ambiental haya derivado en una situación que empobrece a los ciudadanos, deteriora sus condiciones de vida, atenta contra el paisaje urbano e impide a todo un barrio el acceso a bienes públicos agrediendo por añadidura bienes protegidos y catalogados.
En consecuencia consideramos necesario:
a) La búsqueda, mediante la constitución de una mesa político-técnica, de soluciones para las personas que por efecto de la operación han sufrido merma en sus condiciones de vida. En particular la atención a los realojos, proporcionando viviendas al coste del valor de expropiación de su vivienda de residencia.
b) La búsqueda, en igual mesa de negociación, de soluciones para reducir la edificabilidad brutal del ámbito que está en el origen de la mayoría de los problemas de la misma.
c) La revisión a fondo del planeamiento en concordancia con los objetivos citados.
d) El control exhaustivo de las obras de urbanización, mediante su revisión y ajuste dónde ello aún sea posible y en todo caso, mediante la comprobación de las condiciones de ejecución y acabado de las mismas y la adopción de medidas correctoras que sean necesarias, comprobando que proyecto y ejecución cumplen las normas existentes, incluidas las de de protección de elementos catalogados y afecciones derivadas del propio canal.
Madrid, 9 de abril de 2016
Teresa Arenillas Parra, Antón González Capitel, Paloma Ramos Riesco, Álvaro Ardura Urquiaga, Jon Aguirre Such, Félix Arias Goytre, Elia Canosa Zamora, Concha Denche Morón, Javier Echenagusia Belda, Fernando Fernández Alonso, Francisco Pol Méndez, Ángeles de Coig-O´Donnell, Ramón López de Lucio, Javier Alau Masa, Javier García-Gutiérrez Mosteiro, Julio Rodríguez López, Josefina Gómez Mendoza, Jesús Gago Dávila, Eduardo Mangada Samain, Francisco López Groh.
Fdo. por el CLUB DE DEBATES URBANOS.