En el proceso de formación del nuevo gobierno la vivienda ha quedado un tanto olvidada, al permanecer ubicada dentro de un ministerio, el de Fomento (ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), que no ha variado de titular. En 2019 el menor crecimiento económico afectó al mercado de la vivienda, a la vista del comportamiento de precios y ventas de viviendas. Pero el esfuerzo de acceso a la vivienda en alquiler siguió creciendo en 2019. El documento de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos, “Un nuevo acuerdo para España”, recoge un extenso conjunto de posibles medidas destinadas a hacer frente al problema de acceso a la vivienda.
En 2019 el crecimiento del PIB, el 2%, fue inferior al de los cuatro años precedentes. La desaceleración del crecimiento se advirtió en la evolución del empleo, donde el aumento de la afiliación a la Seguridad Social fue el 1,8% (datos de fin de mes), lejos del 3,2% del año anterior. El mercado de vivienda reflejó el cambio en el comportamiento de la economía. Los precios de la vivienda frenaron su aumento desde el 6,6% de 2018 al 4,7% de 2020 (tercer trimestre, según el INE). La desaceleración del aumento de los alquileres fue más acentuada, al pasar desde el 9,1% en 2018 al 4,8% en 2019, según el portal Idealista.com.
Las ventas de viviendas fueron inferiores en 2019 a las del año precedente. Esta evolución resultó reforzada por los problemas de implantación de la nueva Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Los problemas de acoplamiento entre notarios y bancos provocaron un acusado descenso de los nuevos créditos y de las ventas de viviendas en los meses del verano, tras los cuales se ha normalizado la situación. Las viviendas iniciadas, esto es, la nueva oferta de viviendas creció a un ritmo menor que el de los dos años anteriores, situándose en un nivel de alrededor de las 110.000 viviendas en 2019.
El aumento salarial de 2019, el 2%, estuvo por debajo del correspondiente a precios de venta y de alquileres. Ello implicó un nuevo empeoramiento en las condiciones de acceso a la vivienda por parte de los hogares de nueva creación. Las calificaciones definitivas de viviendas protegidas se situaron en el entorno de las 8.000 viviendas en todo el pasado año, lo que implica que menos del 10% de las nuevas viviendas que salen al mercado tienen la condición de viviendas protegidas.
El problema de acceso a la vivienda no se ha corregido en 2019, a pesar de la estancamiento en las ventas de viviendas. Dicho problema se concentra sobre todo en las ciudades con mayor crecimiento demográfico. En el primer semestre de 2019 el aumento de la población en Madrid y Cataluña supuso el 53% del incremento total de la población, y es en estas zonas urbanas donde se producen los niveles más elevados de precios de vivienda y de alquileres.
Como ya se ha indicado, el documento firmado por los líderes del PSOE y de Unidas Podemos antes de la constitución del nuevo gobierno dedica un espacio significativo a la vivienda. Entre los doce puntos que incluye dicho apartado, los más relevantes son los correspondientes al compromiso de reforzar los recursos destinados a la política de vivienda, la posibilidad de que ayuntamientos y autonomías puedan regular los alquileres para evitar subidas abusivas, la reorientación del vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar las viviendas de alquiler asequible y la creación de un Observatorio de la Vivienda.
Es necesario establecer un cierto “hilo conductor” dentro del amplio arsenal de actuaciones consideradas en el documento en cuestión. La recuperación de la actividad y el empleo han impulsado la demanda de viviendas de alquiler. Las condiciones salariales no permiten el acceso a la propiedad mediante un préstamo hipotecario. El alquiler ha crecido sobre todo entre los jóvenes hogares, alcanzando unos precios que hacen difícil el acceso a la mayoría de los nuevos hogares. La situación exige un aumento de la oferta de viviendas en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades. En tanto se produce dicho aumento de la oferta, son frecuentes las peticiones políticas de introducir un control de los precios del alquiler en los nuevos contratos y en las renovaciones. Las viviendas protegidas de nueva construcción deberían destinarse exclusivamente al alquiler social. Está bien aumentar los recursos destinados a la política de vivienda, pero antes es preciso establecer cuáles son las actuaciones a priorizar. La política de vivienda debe de ganar protagonismo en 2020 dentro de las políticas sociales del nuevo gobierno.