EL NUEVO PLAN ESTATAL 2018-2021, UN AMAGO DE POLITICA DE VIVIENDA_Julio Rodríguez López

En los primeros días de mayo de 2017 el gobierno, a través de la Web del  Ministerio de Fomento, ha divulgado el “Borrador Real Decreto Plan Estatal de Vivienda 2018-2021”. Dicho texto está abierto a sugerencias por parte de las autonomías y agentes sociales,  y está  previsto  que entre en vigor el 1º de enero de 2018.El Plan citado  sustituiría al Plan 2013-2016, que todavía se está aplicando en 2017.

El vigente plan 2013-2016, prorrogado a 2017,  está transcurriendo con escasa o nula incidencia en los serios problemas de  acceso a la vivienda que la recuperación del mercado está ocasionando. Respecto del anterior, el nuevo plan anunciado  refuerza las ayudas al alquiler y a la construcción de nuevas viviendas con destino a dicha forma de tenencia. Se introduce como principal novedad una ayuda directa a la compra de vivienda para los jóvenes de menos de 35 años.  Era inevitable, conocida la afinidad hacia  la propiedad en materia de vivienda por parte  del presente gobierno, que retornasen, bajo una u otra fórmula,  las ayudas a dicha forma de  acceso.

Se puede anticipar que dentro del futuro plan se  incluyen  tres piezas relevantes, La primera son las ayudas al inquilino,  que exigirán que en el hogar del  beneficiario  los ingresos no superen  el tope de 3 IPREMs (1.880 euros/mes). Las ayudas  cubrirán el 40% del alquiler (50% para jóvenes de menos de 35 años), que  no deberá pasar de 600 euros/mes (ampliable) y tendrán un tope temporal  de tres años.

El segundo componente es el de fomento del parque de viviendas de alquiler. Esta pieza del programa,  que es la que mejor responde en teoría  a los problemas del momento  incluye ayudas al promotor, de hasta 36.750 euros, y establece un tope de siete euros/m2-mes  en el alquiler a pagar por los arrendatarios. Los adquirentes pueden tener ingresos de hasta 4,5 IPREMs (2.819 euros/mes) y la vivienda se mantendrá en alquiler hasta 25 años. No se especifican detalles acerca de la dimensión  ni características de las viviendas a construir.

El borrador de programa pone tope al tiempo en el que una vivienda subvencionada para el alquiler se tiene que mantener  bajo dicha forma de tenencia. De nuevo se advierte que, para el gobierno, el alquiler es una situación transitoria y que, antes o después,  el camino lleva a la propiedad.  España tenía en 2016 (Encuesta Continua de Hogares) un 77,5% de viviendas principales en propiedad y un 17,3% de alquiler, del que solo un 2% eran viviendas sociales de alquiler. No hay en España  un parque social de viviendas de alquiler. Si se quiere  fomentar la creación de un parque de viviendas de alquiler sobra el ponerle  un tope temporal a las viviendas que vayan a integrar el mismo. El alquiler aparece, pues, como una situación de paso para este gobierno, con lo que difícilmente se podrá generar un parque de viviendas sociales en alquiler.

El tercer componente relevante es el de las ayudas al acceso a la propiedad, para el caso de jóvenes de menos de 35 años que adquieran una vivienda en propiedad. La ayuda en cuestión asciende a 10.800 euros. Esta cifra  equivale a menos de la mitad del pago de entrada de la vivienda con un precio medio de venta frecuente en este momento. El joven adquirente no deberá de ingresar más de los 1.880 euros/mes y deberá mantener la vivienda al menos cinco años.

No se sabe bien si el programa pretende  ayudar a la compra de vivienda  o si se  quiere ayudar a los bancos a que se quiten de encima  el elevado stock de viviendas que afecta a sus balances  con nula rentabilidad, como se ha advertido entre los problemas que acosan al Banco Popular. España pasa por un momento de importantes aumentos en los precios de los alquileres y en los precios de venta de las viviendas.  Las ayudas directas  al alquiler y a la propiedad, si no hay un aumento de la oferta de viviendas de alquiler,  pueden contribuir a que suban más los precios y los alquileres que a estabilizar el mercado.

El nuevo programa debe de dotarse de objetivos cuantitativos, desglosados por autonomías. Se echa en falta la introducción de la obligación de los ayuntamientos de tener un registro de demandas de vivienda por parte de los hogares sin posibilidad de acceso a los precios del mercado.

Es de desear que el nuevo plan tenga una mayor dotación de recursos que la del vigente Plan 2013-16, y que se defina y concrete  mejor el programa de fomento del parque de viviendas de alquiler. Este último puede contribuir a reforzar el débil peso de la vivienda de alquiler en España. A primera vista, sin objetivos cuantitativos precisados,  el nuevo plan no pasa de ser un paliativo de los serios problemas de acceso a la vivienda que ahora se plantean en España, que van a revestirse de mayor gravedad conforme se produzcan nuevas subidas de precios y de alquileres.

Resultaría conveniente, asimismo, que se establezca un sistema de información regular y periódica  sobre la ejecución del nuevo instrumento. El Plan debe de ser  noticia no solo en el momento de su aprobación, sino que tiene que poder seguirse mes a mes el grado de ejecución del mismo.   No  es deseable que  del Plan solo se conozcan los informes o respuestas rutinarias del ministro de turno en el Congreso, donde se suelen presentar supuestas miles de actuaciones impulsadas por la política del gobierno,  de las que no se dispone de datos suficientemente contrastables.

Una versión de este artículo se publicó en el semanario digital “El Siglo de Europa” del 19 de mayo de 2017  

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