OPERACIÓN CHAMARTÍN. CONTRA CORDURA, GROSERÍA Y AMENAZAS_Eduardo Mangada

El pasado 1 de junio se publicó en el diario digital Nueva Tribuna el artículo “Operación Chamartín. Contra cordura, grosería y amenazas” de nuestro socio Eduardo Mangada, que reproducimos a continuación por su interés:

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La ministra Ana Pastor, en primer plano, junto a Cristina Cifuentes y Manuela Carmena.

DRAE – grosería                                                         
1.f. Descortesía, falta grande de atención y respeto.

Tras el anuncio de un nuevo proyecto para Chamartín, hecho público por el Ayuntamiento de Madrid el pasado 10 de mayo, en un acto que contó con la destacable presencia de la Alcaldesa, Jesús Gago y  yo publicamos (Nueva Tribuna 11/05) un artículo titulado Operación Chamartín: recobrar la cordura”, en el que aplaudíamos la decisión del gobierno municipal y comprometíamos nuestro apoyo crítico en la redacción, tramitación y posterior gestión del nuevo plan.

Aplauso por dos razones básicas. En primer lugar, porque el Ayuntamiento recupera la titularidad pública, ineludible e inalienable, en la construcción de la ciudad. En segundo lugar, porque entiende las oportunidades que ofrece este gran espacio para la recualificación física y social de Madrid y no como solar para el negocio inmobiliario.

Apoyo crítico, pero apoyo entusiasta y comprometido ante los obstáculos que, sin duda, iba a encontrar este nuevo plan. Por ello, exigíamos una leal colaboración de las administraciones públicas implicadas en esta gran operación urbanística.

Pasados menos de diez días desde que se hizo pública la propuesta municipal, los obstáculos se han hecho visibles, tanto a través de declaraciones de responsables políticos como de promotores privados. Confrontación inmediata en boca de la Ministra en funciones, Ana Pastor, la Presidenta de la CAM, Cristina Cifuentes y, el menos significativo, Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte.

Dejando de lado el pataleo de este último, sí merecen un comentario las palabras y los actos tanto de la señora Ministra como de la Presidenta de la CAM.

Moderando los adjetivos, me atrevo a calificar la actuación de Ana Pastor como descortés y prepotente. No parece aceptable que la Ministra de Fomento (recordemos que en funciones), cite en su despacho a la Alcaldesa de Madrid y a la Presidente de la Comunidad al mismo tiempo y con el mismo rango que al presidente del BBVA, Francisco González. Una convocatoria no para analizar la nueva propuesta urbanística hecha pública por el Ayuntamiento, sino para descalificarla desde un primer momento con palabras que solo demuestran la incultura urbanística de Ministra, Presidenta y banquero y su alianza clara y descarada en defensa de los intereses privados que han conformado y dominado la Operación Chamartín en estos últimos veinte años.

Falta de sensibilidad institucional que se agrava cuando, días después de celebrarse esta inoportuna reunión a cuatro, se amenaza con reclamar al Ayuntamiento, con precipitación y sin justificación solvente alguna (me atrevo a añadir que sin base legal sólida), una indemnización de 700 millones de euros para compensar los gastos que ADIF ha realizado en el ámbito de sus competencias y obligaciones, pensando quizás que los futuros inversores sufragasen determinadas actuaciones con los beneficios obtenidos de este gran negocio inmobiliario. En este tema asumo como propias las palabras de Manuela Carmena y José Manuel Calvo publicadas en El País de hoy afirmando que “no hay justificación para indemnizar a Fomento”.

Por su parte, la Presidenta de la CAM levanta su voz amenazadora para recordar que es ella quien tiene la última palabra para la aprobación o denegación del nuevo plan para Chamartín que ahora inicia el Ayuntamiento. Amenaza fuera de tiempo y que suma a la falta de prudencia un desconocimiento de las normas que rigen las relaciones entre los ayuntamientos y el gobierno regional en materia de urbanismo. Control de legalidad, formal y material, sí, pero no control de oportunidad.

Un vergonzoso espectáculo protagonizado por dos importantes responsables institucionales que se manifiestan, antes de cualquier análisis sosegado e inteligente de la propuesta municipal, alzándose como defensoras de los intereses privados, poniéndose a las órdenes de los poderes financieros-inmobiliarios, en lugar de sumar sus fuerzas con el Ayuntamiento en aras del interés general de los madrileños.

Quizá haya sido una reacción impulsiva, una rabieta infantiloide, al ver como se descomponía ese juguete llamado Distrito Castellana Norte que con tanto celo habían construido las administraciones públicas dominadas por el PP y un poderoso BBVA con la única finalidad de extraer beneficios económicos para todas las partes implicadas, tanto públicas como privadas, que no para beneficio de los ciudadanos.

Recuperemos una vez más la cordura por el bien de los madrileños. El futuro de Chamartín, como pieza importante en la construcción de la ciudad y de la región metropolitana, exige la colaboración de los tres niveles de la administración con competencias y recursos en este estratégico espacio. Antes y después de las elecciones del 26 de junio es legítimo y necesario que los madrileños exijamos la constitución de un consorcio entre los tres gobiernos a través de las administraciones y las instituciones públicas de ellos dependientes, que impulse esta gran obra pública. Para ello olvídense los arrebatos autoritarios, las posturas electoralistas y, con la cabeza fría, conscientes de que la primera obligación de un gobierno es el bienestar de los ciudadanos, siéntense Ministerio, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento para impulsar, perfeccionar y hacer realidad esta necesaria e importante, ahora sí, intervención urbanística. Desarrollo de la ciudad en el que cabe la participación de los promotores privados (no simples inversores) siempre que ajusten sus legítimos intereses al bien común.

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