Sobre el patrimonio español cuelga un cartel: Se vende. Desde una vivienda a un parque natural. Se privatizan bienes y servicios con una doble justificación: recaudar fondos que alimenten las arcas vacías de las instituciones públicas y entregar al mercado, a los inversores y gestores privados, los equipamientos y servicios sociales, transformados en mercancía capaz de producir pingües beneficios empresariales. Una desamortización que sonrojaría a Mendizábal.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), con capital 100% municipal, vendió en julio de 2013 1.860 viviendas públicas al fondo de inversión Magic Real Estate-Blackstone, para ser gestionadas por Fidere. El precio de estas viviendas, repartidas en dieciocho promociones en el municipio madrileño, ha sido de 128,5 millones de euros. Un precio por debajo del que se obtendría en el mercado e incluso inferior al fijado por la regulación de las viviendas protegidas. Operación de venta que encierra dos perversiones, o incluso delitos, como son la adulteración de la función social de un bien público y la malversación. Graves pecados políticos que justificaron la denuncia por parte del portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Madrid y que ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción núm. 18 y la presentación de una querella presentada por la Asociación Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas EMVS, cuyo argumento más sólido, al menos políticamente, lo encontramos en el artículo 289 del Código Penal, en el que se establece que “el que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o cultural, o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses”. Una querella en la que se denuncian una serie de delitos tales como el de sustracción de cosa propia  a su utilidad social, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación, todos ellos sustentados en prácticas inmorales (no sé si punibles penalmente) como el abuso de derecho y el fraude de ley. 
Pero siendo todo esto condenable políticamente, y espero que judicialmente, lo más grave de toda esta operación se manifiesta como un delito político cuando tenemos en cuenta que estas viviendas están ya ocupadas por ciudadanos de bajos ingresos con un régimen de alquiler, con opción de compra en algunos casos. Tanto el alquiler como el precio de compra estaban tasados desde su adjudicación por el propio ayuntamiento teniendo en cuenta la situación socio laboral de los inquilinos. Actuación que contradice la finalidad última de la EMVS, centrada en “desarrollar la política de vivienda del ayuntamiento de Madrid desde hace más de treinta años. No solo facilita el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades, sino que cumple con otras directrices de la política de vivienda, con un marcado carácter social”. 
Toda una tropelía social impulsada  y ejecutada por el ayuntamiento de Madrid porque ya no solo se venden unos bienes inmuebles sino unos derechos ciudadanos ya reconocidos por el propio ayuntamiento que ahora entrega edificios y personas a un fondo buitre para su mejor negocio.
Pensemos, con un mínimo de seriedad y solvencia intelectual y política, lo siguiente. El ayuntamiento adjudicó estas viviendas en condiciones especiales (en cierto modo subvencionadas) en función de la precariedad económica y laboral de los adjudicatarios con el compromiso de una renovación continuada de los contratos de adjudicación. ¿Alguien cree que una empresa privada, cuya finalidad es el máximo beneficio en el corto o largo plazo, va a transformarse en una fundación benéfica? Esta duda ingenua ya está siendo despejada y puede comprobarse en la actualidad pues se han incrementado los alquileres y el futuro precio de venta, imputando a los actuales usuarios el IBI (no siendo propietarios) y los gastos de comunidad, habiéndose iniciado un acelerado proceso de desahucios violentos y dramáticos ante la más mínima demora en el pago del alquiler. 
Nada de extrañar. En mayo de 2013 publiqué en El País un artículo titulado “Réquiem por la vivienda social” en el que recogía unas declaraciones de la alcaldesa Ana Botella (El País, 23-10-12) en las que afirmaba que ya no son necesarias las Viviendas Protegidas o viviendas sociales y, por tanto, el gobierno municipal, a través de la EMVS, no construirá más viviendas de protección oficial. Un manifiesto neoliberal ausente de toda sensibilidad social que se ve corroborado con la venta de estas 1.860 viviendas públicas.
He usado el nombre de “fondo buitre” para calificar a Magic Real Estate-Blackstone y su gestora Fidere con un cierto reparo, pero lo considero adecuado porque si me remonto en la hemeroteca encuentro en El País de 13-09-13 un artículo titulado “Quién compra España”  en el que Fernando Gumicio, fundador de Azora, protesta: “me parece injusto llamarnos así (fondos buitre), es una descalificación, prefiero el término de oportunistas”, defensa que se ve devaluada cuando en el mismo artículo Ismael Clemente, fundador de Magic Real Estate defiende la función de estas empresas con las siguientes palabras: “los buitres en la naturaleza cumplen una función: limpiar la carroña. Aquí también (…)”. Afirmación ciertamente cínica, sobre todo si tenemos en cuenta que en este caso la carroña no solo son los bienes inmobiliarios sino que incluye también a los actuales usuarios de las viviendas sociales. Solo hay que esperar a que vayan caducando los alquileres, se incremente el precio de la opción de compra y las viviendas públicas se transformen en mercancía ajena a cualquier función social contraviniendo el espíritu y la letra de la Constitución y, muchos años antes, de la Ley del Suelo de 1956, en plena dictadura franquista. 
Todo lo dicho es un grave atentado contra el Estado social y democrático de Derecho (artículo 1 de la Constitución) perpetrado por el ayuntamiento de Madrid. Pero lo escandalosamente dramático es que un mes después de la operación a que nos referimos el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), cuya titularidad integra corresponde al gobierno de la CAM, vendió 2.935 viviendas incluidas en el Plan Joven promovido por Alberto Ruiz-Gallardón a Goldman Sachs-Azora por un total de 201 millones de euros, con clausulas tan vulnerables para los usuarios como las ya denunciadas para la EMVS.
España se vende. ¿Quién quiere comprarla? Un gran cartel anuncia: Apresúrense, estamos de rebajas por liquidación.