Eduardo Mangada (05/12(2013)
¡¡Qué hastío, que asco tener que volver a ocuparnos y escribir unas líneas sobre este sucio y triste espectáculo de Eurovegas en Madrid!! Pero las nuevas circunstancias que se han ido fraguando en una subterránea negociación entre el Gobierno nacional y el Gobierno regional, han cobrado formalidad política y jurídica con la publicación en el BOE de 22 de octubre de 2013, en cuyo texto se consagra el trato privilegiado otorgado a los promotores del citado proyecto, modificando o interpretando torticeramente el marco legal vigente. Nuevos datos que exigen una nueva y más dura repulsa política.
Lo que parecía un turbio negocio entre el señor Adelson y los responsables políticos de la Comunidad de Madrid (con doña Esperanza Aguirre como impulsora y madrina en la sombra) se ha transformado en una cuestión de Estado, una vergüenza de Estado, desde el momento en que don Mariano Rajoy aparta de cualquier intervención a los gobiernos regional y municipal para asumir en exclusiva la competencia, la culminación de la negociación con Eurovegas, dando plenos poderes para ello al señor García Legaz, Secretario de Estado de Comercio.
Olvidémonos, por ahora, del humo de unos cigarrillos u ostentosos puros. Obviemos, en este artículo, los pecados legales y urbanísticos con que se obsequia al señor Adelson, que requieren un más dilatado y profundo juicio, y centrémonos hoy y aquí en tres aspectos que me parecen de una gravedad política extrema.
Se pretende blindar las prebendas otorgadas al señor Adelson frente a futuras modificaciones e, incluso, derogaciones de las normas que un cambio en las mayorías políticas en la comunidad autónoma o en el ayuntamiento de Alcorcón pudiesen imponer, por entender lesivos para los ciudadanos y el territorio las condiciones, el contenido y los procedimientos que amparan hoy esta turbia operación especulativa. Sabemos que el poder de los mercados está sustituyendo al poder de la política y que la razón económica (el beneficio de multinacionales y bancos) ha machacado la razón social (los derechos ciudadanos), pero que un promotor de dudosa catadura moral y legal exija al Gobierno de la nación el blindaje de sus intereses empresariales frente a posibles cambios políticos, a la alternancia propia de una sociedad democrática, constituye un atentado contra la propia democracia. Un blindaje frente a un futuro político cambiante que supone un desconocimiento o, peor aún, un desprecio a un principio básico en un sistema democrático, en el que son las fuerzas políticas mayoritarias, intérpretes de las aspiraciones sociales y los valores hegemónicas, quienes determinan la oportunidad o conveniencia de una actuación que afecta a la vida de los ciudadanos y al territorio en el que conviven.
En el proceso de adquisición del suelo necesario para desarrollar este “parque lúdico”, la promotora Las Vegas Sands acuerda con el gobierno regional el precio del suelo, y es este gobierno quien debe negociar con los propietarios de los terrenos el valor de la compraventa o la expropiación, habilitada de forma dudosa para esta operación inmobiliaria. Es decir, un gobierno democráticamente elegido (nos guste o no) se convierte en una agencia inmobiliaria al servicio de unos intereses privados. Inversión de roles que pone de manifiesto la degradación moral de nuestros gobernantes.
Y para una tercera reflexión, nada más oportuno que el apoyo de una imagen, de una fotografía de la agencia EFE publicada en El Confidencial del día 7 de noviembre. Aquí sí que una imagen vale más que mil palabras y echamos de menos la jugosa lectura que Juan José Millás haría de cada personaje y su posición relativa entre ellos. Limitémonos en estas líneas a la denuncia de un hecho reprobable, como es la utilización de la figura del Rey para avalar un turbio negocio inmobiliario. Republicanos de raíz, sentimos vergüenza al ver a Juan Carlos I recibiendo la pleitesía de las distintas “familias” ante “el padrino”. Todo asemeja a una reunión de mafiosos, entre los que se camufla en la última fila el señor Adelson, vigilante de sus intereses, amparado por una llamada Fundación Keren Hayesod–United Israel Appeal. Un crimen de lesa majestad. Suponemos que esta insultante imagen estará considerada como una “ofensa a la patria” en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana.
Y este tema no merece más tinta. Solo un grito indignado y rebelde: ¡Váyanse todos, Rajoy, González, Aguirre, Adelson… a la mierda! Y no ensucien más esta doliente España vertiendo esta basura sobre nuestro suelo ya sobradamente maltratado.
