Opinion: articulo de Eduardo Mangada sobre la Ley ViRuS

La casita asesina
Eduardo Mangada
El Proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno de Dña. Esperanza Aguirre, con el que se pretende dar estatuto legal a un nuevo tipo de asentamiento residencial en suelo rústico, denominado “Viviendas Rurales Sostenibles”, (¿eufemismo o retórico oxímoron”?) es una muestra más de incultura urbanística, al no entender el territorio y sus características intrínsecas como matriz acogedora del habitar humano. Implica un desprecio a las directrices y normas de ámbito nacional y europea destinadas a dirigir el desarrollo urbano, revitalizando la cuidad existente,  protegiendo y potenciando los recursos naturales agrícolas y paisajísticos.

Supone una vuelta atrás de años, al otorgar la primacía del derecho a construir al propietario del suelo, frente a la titularidad del mismo que reside en los poderes públicos, con la obligación de dirigir y controlar el dónde, cuándo y qué se construye, rescatando parte de las plusvalías generadas por el desarrollo urbano (compacto o disperso), garantizando así la función social del suelo ya consagrada en la ley de 1956 (¿será nuestra presidenta más retrograda culturalmente que el Dictador Franco?). Finalmente, incurre este Proyecto de Ley en un presunto vicio de inconstitucionalidad, al sustraer a los poderes municipales una competencia, una responsabilidad que le son propias, degradándolos a simples legitimadores de los desafueros, sociales y medioambientales que esta ley propicia. Legitimación más grave al permitir el uso de una figura administrativa espuria como es el “silencio positivo” en actuaciones que afectan al interés general.
Los argumentos contra este Proyecto de Ley, recogidos en documentos redactados por Ecologistas en Acción (22-06-12), los empleados de la Consejería de Medioambiente (05-06-12) y otros colectivos profesionales y sindicales, que culminan con la intervención vehemente, pero no insolvente, de todos los partidos de la oposición, en el pleno de la Asamblea celebrad el 25-07-12, vienen a completar y a apoyar los epítetos con los que iniciaba estas líneas.
Científicos, ecologistas, pescadores y agricultores han venido denunciando, en los últimos años, la invasión y proliferación e especias foráneas, animales y vegetales, que, descontrolados y con un gran potencial depredador, están causando graves daños en nuestra fauna y flora, a nuestro paisaje, con consecuencias económicas y medioambientales altamente negativas. El cangrejo americano, el caracol cebra, el escarabajo picudo, el eucalipto, la soja amenazante, etc son los nombres más comunes de estas plagas invasoras. Ahora Dña. Esperanza Aguirre ha inventado un nuevo depredador de nuestra agricultura y nuestro paisaje, con la pretensión de promoverlo y expandirlo bajo la protección de una Ley Autonómica. Me atrevo a ponerle un nombre e incluirlo en la lista de bichos malignos. Se llama: “la casona asesina”. Y digo “casona” porque en el proyecto de Ley se fija una parcela mínima de 60.000 metros cuadrados en la que puede construirse una vivienda de 900 metros cuadrados.  ¡Una vivienda económica cuya finalidad social es satisfacer la apetencia de la “mayoría de los madrileños” deseosos de vivir en el campo, lejos de la cuidad y dispersos en un territorio de baja densidad!. Apetencia descubierta por la Consejera Dña. Mariño Ortega en base a genéricos estudios sociológicos no contrastados y, sobre todo, recomendado por la “patronal del sector inmobiliario”, como no podía ser de otro modo, ya que dicha patronal necesita nuevos modelos de edificación y una mayor desregularización para mantener e incrementar su negocio. A estas justificaciones genéricas, sociológicas y económicas, la señora Consejera en su intervención en el debate habido en la Asamblea añade una serie de exclamaciones laudatorias al Proyecto del Ley, que además de pueriles resultan cínicas.
No nos engañemos, tan bondadosas, caritativas y pretendidamente modernas intenciones de esta Ley, lo que esconden es la desregulación del uso del suelo de forma aun más indiscriminada que la nefasta Ley de 1998, madre, en gran medida, de la burbuja inmobiliaria. Todo esto refleja una clara apuesta por un “urbanismo espontaneo”, por  “la topografía del lucro”  (en palabras de Oriol Nel-lo), individualista e insolidario, frente a una “geografía voluntaria”, como plasmación física de un proyecto político-cultural colectivo, orientado a defender el bien común sobre la base ya consolidada de la función social del suelo (1956).
Caben muchos más argumentos técnicos y políticos que desmonten la pretendida necesidad, validez y benevolencia de este Proyecto de Ley. Centrémonos solo en tres.
           La ciudad compacta. En el debate actual sobre la forma de la cuidad en el futuro, más respetuosa con el paisaje, con el ahorro energético y la garantía de unos servicios sociales económicamente viables, los profesionales y políticos  con mayor solvencia defienden la ciudad compacta, con densidades razonablemente altas: la ciudad mediterránea, frente a la dispersa ocupación del territorio. Esto si es moderno y no la pretendida falsa arcadia que ofrece el Gobierno Regional.
           La plusvalía espuria. Está sobradamente comprobado que ningún suelo agrícola, por rico que sea, soporta la competencia victoriosa de una parcelación residencial. Yo, valenciano, he visto devorar naranjales y la feraz huerta de Alboraya por bloques o “pitufos” adosados.
Pues bien, al permitir e incluso propiciar la edificación residencial en suelo rústico, se están otorgando gratuitamente unas plusvalías a los propietarios de las fincas, que disuade de su cultivo agrícola, para transformarse en un “solar expectante”. Un abandono del que nacen espacios yermos, rastrojales resecos o vertederos incontrolados.
           La casita asesina. Dada la agresividad, el atractivo económico para la “patronal del sector inmobiliario” y la capacidad de reproducción e invasión de esta nueva especie depredadora, no es aventurado pensar que dentro de uno, dos o tres años (la duración de la legislatura), las “casonas” procrearan miles de “casitas”, no en fincas de seis hectáreas sino en parcelas, de 6.000, 3.000 o 2.000 metros cuadrados, manchando amplios territorios y anulando su valor como recurso natural, paisajístico y agrícola. Para ello basta que en la tramitación de la Ley de Acompañamiento de unos próximos presupuestos, se rebaje el tamaño mínimo de la parcela y se incremente ligeramente el porcentaje de edificabilidad. Mecanismo abusivo al que ya nos tiene acostumbrados nuestra respetada Presidenta.
Con el ánimo de enmendar el entuerto que ahora se propone, me atrevo a sugerir a Dña. Esperanza Aguirre, que, aprovechando su dominio del idioma inglés,  lea las normas sobre el uso del suelo rústico de condado de York, de hace ya muchos años (yo era joven cuando las estudié), en las que priman tres principios y condiciones:
El suelo agrícola, el paisaje, debe considerarse como parte importante el patrimonio de interés nacional, protegerlo y mantenerlo por razones culturales y estratégicas.
El asentamiento de la edificación residencial en suelo rústico, únicamente estará justificado y permitido, dentro de unos límites, cuando se demuestre la necesidad o conveniencia de que el agricultor, por nacimiento o vocación, deba habitar en inmediata proximidad con el territorio a cultivar.
El habitante de estas viviendas deberá residir en ellas de forma continuada, al menos seis meses al año.
¡ Qué distinto de lo que se nos proponen desde el Gobierno de la CAM!
Hoy 28-07-12, al tiempo que escribo estas líneas oigo los datos del último Censo de Población Activa. Ante el doloroso drama de más de cinco millones de parados, ante la angustia de los ciudadanos azotados por una crisis económica que se acentúa día a día, ¿qué sentido tiene proponer la Ley que aquí comento?. Es un proyecto inoportuno e insultante para la inteligencia y la dignidad de los ciudadanos, que solo la insensibilidad social y la ceguera política de Dña. Esperanza pueden amparar.
Madrid a 28 de julio de 2012
Eduardo Mangada (Arquitecto)
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