La tramitación de la Ley ViRuS (Viviendas Rurales Sostenibles) se reanuda hoy en la Asamblea de Madrid con el fin de autorizar la construcción de grandes mansiones en suelo rústico y protegido. La nueva ley no responde a las necesidades reales del medio rural y traslada la burbuja inmobiliaria al suelo rústico, al fomentar viviendas y complejos de lujo en terrenos de alto valor natural, como denuncian Ecologistas en Acción y GRAMA.
Después de que el Partido Popular (PP) rechazase las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición, la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Asamblea de Madrid discutirá y votará hoy las enmiendas parciales. El próximo día 13 se debatirá en pleno, donde muy previsiblemente la mayoría del PP aprobará la ley. Será aplicable en el 41 % del territorio, 330.000 hectáreas y podría amparar la construcción de 7.000 viviendas dispersas en terrenos de alto valor natural y paisajístico.
El texto del proyecto de ley permite la construcción de grandes mansiones de hasta 900 metros cuadrados en fincas con una superficie mínima de 6 hectáreas. Este tipo de viviendas podrán levantarse en cualquier suelo rústico, siempre que una normativa sectorial no prohíba expresamente la construcción de viviendas. La ley impondrá la nueva construcción, incluso en aquellos municipios donde su planeamiento urbanístico lo prohíba.
A juicio de la Plataforma AntiViRuS, de la que forman parte Ecologistas en Acción y GRAMA, la nueva ley tendrá efectos ambientales irreversibles. Afectará gravemente la economía agraria, con un modelo de ordenación territorial insostenible, a derechos y deberes constitucionales y a garantías de protección del medio ambiente.
Este proyecto de ley se basa en el modelo de grandes mansiones ya existente en el municipio segoviano de Muñopedro. Parte de estas construcciones están en los tribunales, precisamente por el daño ambiental causado en un encinar de elevado valor natural. En este municipio de 400 habitantes la supuesta revitalización de la población rural -uno de los argumentos del Gobierno regional para aprobar la nueva norma- es inexistente.
Frente a la sostenibilidad y el beneficio común que se argumenta en el proyecto, la Ley ViRuS, promovida por Esperanza Aguirre, parece en realidad querer beneficiar a grandes terratenientes y legalizar construcciones irregulares, como la vivienda del diputado del PP José Cabrera Orellana, en Carabaña, junto al río Tajuña.
Atrás quedan las promesas de la exconsejera Ana Isabel Mariño sobre la participación y transparencia que guiarían la tramitación de la ley. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Gobierno regional han ignorado los argumentos de peso aportados por los técnicos de la propia Consejería, académicos, asociaciones de arquitectos, asociaciones ecologistas y partidos políticos solicitando la retirada de la ley.
Los escritos de sugerencias ni siquiera han sido contestados y se han ocultado a los partidos de la oposición, desapareciendo de la documentación que se les ha facilitado.
La plataforma AntiViRuS intentará que los partidos de la oposición recurran la ley en el Tribunal Constitucional por incumplir normativa estatal. Además iniciará una campaña de divulgación entre los ciudadanos para que sepan que mientras miles de ciudadanos son desahuciados, el Gobierno regional se empeña en promover leyes que favorecen a una minoría no afectada por los recortes y la crisis.
